Mes: junio 2018

California y otros 15 estados aseguran que el retiro del TPS dañará la economía

La declaración de respaldo a los inmigrantes cuenta con el aval de los estados de: Maine, California, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Maryland, Massachusetts, Connecticut, Iowa, Delaware, Minesota, Nuevo México, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.

LOS ÁNGELES. Dieciséis estados más la ciudad de Washington aseguraron recientemente que la retirada del Estatus de Protección Temporal (TPS), que garantiza que miles de inmigrantes puedan permanecer en Estados Unidos de manera legal, tendrá efectos perjudiciales para la economía del país.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, emitió el pasado viernes 22 de junio un comunicado en el que detalló que ha liderado, junto a los fiscales de Massachusetts y del Distrito de Columbia, una declaración de “amicus curiae” de varios estados para defender el TPS que beneficia a miles de salvadoreños, hondureños, haitianos y nicaragüenses.

El “amicus curiae” (amigo de la Corte) es una figura legal por la que un tercero ajeno a un litigio expresa voluntariamente su apoyo a una de las partes, a fin de colaborar con el tribunal para la resolución del proceso judicial.

Decisión racista

En este caso concreto, el “amicus curiae” respalda la denuncia entablada por el grupo Centro Presente, con sede en Boston, que fue presentada en febrero y que alega que la decisión del Gobierno de EE. UU. de poner fin al TPS, que protegía a los nacionales de varios países, tuvo motivación racista.

“Muchos titulares de TPS son nuestros vecinos y compañeros que contribuyen a Estados Unidos y nuestra economía cada día. Nuestra nación sería más pobre sin ellos”, señaló Becerra.

El fiscal general de California aseguró que los estudios demuestran que la permanencia de estos inmigrantes en Estados Unidos es “no solo beneficiosa para estos individuos sino también para las comunidades en las que trabajan, estudian y viven”.

“Estamos preparados para desafiar cualquier acción que socave el progreso y bienestar económico de nuestro estado”, afirmó Becerra.

California estima que su producto interior bruto perdería 2,700 millones de dólares anuales si los beneficiarios de TPS de El Salvador, Honduras y Haití tuvieran que abandonar este estado.

Esta declaración de respaldo a los inmigrantes con TPS cuenta con el aval de los estados de California, Massachusetts, Connecticut, Delaware, Iowa, Maine, Maryland, Minesota, Nueva Jersey, Nuevo México, New York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington, así como del Distrito de Columbia.

La cancelación del programa TPS para los inmigrantes de varios países afecta, por ejemplo, a unos 195,000 salvadoreños, 55,000 hondureños, 50,000 haitianos y 5,000 nicaragüenses, a los que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, ha dado entre 12 y 18 meses para que salgan de EE. UU. o preparen alguna forma para cambiar su estatus migratorio.

Fuente: https://www.elsalvador.com

Declaran inconstitucional el impuesto al cheque y las transacciones financieras

La Sala de lo Constitucional dijo que los decretos que dieron vida al impuesto a las operaciones financieras y otras reformas tributarias se aprobaron sin respetar el debido proceso.
Declaran inconstitucional el impuesto al cheque y las transacciones financieras

El impuesto del 0.25 % que actualmente se aplica a las operaciones financieras –desde transferencias entre cuentas hasta pago de cheques– superiores a los $1,000 deberá dejar de cobrarse a partir del 1.º de enero de 2019. Así lo ha ordenado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Este impuesto, que deja unos $70 millones anuales al erario público, fue aprobado en una plenaria que inició el 30 de julio de 2014 por la noche, y terminó al día siguiente en la madrugada, el 31 de julio de 2014. En este mismo “madrugón” se avaló un ya suspendido pago mínimo del 1 % sobre activos como Impuesto Sobre la Renta (ISR), y la adopción de los denominados precios de transferencia, entre otras reformas tributarias.

La sala dio por válidos los reclamos de Víctor Ernesto Rodríguez Díaz, quien presentó una demanda en contra de los decretos legislativos 762,763 y 764, aprobados por dispensa de trámite en dicha plenaria, porque considera que viola el artículo 135 de la Constitución, que establece el principio de deliberación: aseguró que estos decretos se introdujeron en la agenda con dispensa de trámite, sin haber sido antes discutidos en las comisiones correspondientes, y sin tiempo suficiente para que los diputados los leyeran, mucho menos para que los analizaran.

Del demandante señaló que el FMLN, que introdujo y presionó por la aprobación de estas reformas, se valió de que la aritmética legislativa le era favorable. Las aprobaciones se dieron con la votación mínima requerida, 43 votos, de 84 posibles.

La sala, por tanto, ha emitido una sentencia con fecha del 28 de mayo de este año, en la que declara inconstitucionales dichos decretos, por vicios de forma. “No existió la posibilidad real de deliberación y discusión parlamentaria”, afirma la sentencia.

Sin embargo, la sala no ordenó la suspensión inmediata del cobro de estos impuestos, para evitar que haya problemas de insolvencia con el presupuesto en ejecución, y que esto a su vez pueda afectar programas sociales. La eliminación de estos se difiere hasta el 31 de diciembre de este año.

Opciones

Esta orden le deja al Ejecutivo dos opciones: tendrá que elaborar un proyecto de presupuesto para 2018 que ya no debería incluir los ingresos por este impuesto, que hasta hoy han oscilado entre los $70 y $80 millones anuales, o busca corregir los vicios de forma en la aprobación de esta ley.

“El fallo de inconstitucionalidad fue por cuestiones de forma, la Sala de lo Constitucional da tiempo hasta enero para que se corrijan las inconstitucionalidades, es decir, para que aprueben la ley en forma correcta, sin madrugones”, dijo Mauricio Choussy, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) y director para Centroamérica de la firma calificadora de riesgos Fitch Ratings.

“Dudo que con la actual correlación en la Asamblea Legislativa los diputados estén dispuestos a aprobar una ley tan mal hecha, que incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) la considera distorsionante”, agregó.

La banca que opera en El Salvador ya había reportado una baja en sus utilidades, que adjudicaron principalmente a la aplicación de este tributo, que se llegó a conocer popularmente como “impuesto al cheque” (ver nota aparte).

La Bolsa de Valores de El Salvador incluso logró que la Asamblea aprobara una reforma que exime a las operaciones bursátiles del pago de este impuesto, pues había desincentivado la inversión.

El sector bancario ha insistido en que el país perdía competitividad al gravar las operaciones financieras, y que esto le quitaba peso a otras ventajas como el ser una economía dolarizada.

Carlos Pérez, analista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), coincide en que el impuesto tenía efectos nocivos sobre la economía. “Realmente se esperaba que este fuera el resultado (el fallo de inconstitucionalidad), porque desde el primer momento cuestionamos la celeridad de la aprobación, sanción y publicación de la ley”, afirmó.

Explicó que la decisión de la sala debe celebrarse, porque el impuesto a las operaciones financieras distorsiona la actividad económica a través de un aumento en los costos de transacción.

Cada vez que $1,000 se movían en pagos en cheque, tarjeta de débito o transferencias entre cuentas, se les aplicaba el 0.25 % de impuesto, equivalentes a $2.50 por cada $1,000. Pero cuando este dinero se movía nuevamente, volvía a ser gravado, y así sucesivamente. “En la práctica, el impuesto de 0.25 % genera una cascada que puede llevar a una carga de hasta 1 % o más a los agentes económicos. Si por ejemplo una empresa desea trasladar fondos de un banco a otro, se tiene que pagar el tributo en el retiro del banco A y en el depósito en el banco B. Si esto se repite, una misma cantidad puede pagar mucho en concepto de impuesto”, reiteró.

Los impuestos suspendidos

El 31 de julio de 2014 en la madrugada se aprobó un paquete de reformas tributarias.

Impuesto a las operaciones financieras
Se grava con un 0.25 % todo movimiento con cheque, tarjeta de débito o transferencia entre cuentas que sea superior a $1,000. En concreto, por cada $1,000 movidos se paga $2.50. En su momento, entidades como FUSADES, FUNDE y la Asociación Bancaria Salvadoreña aseguraron que el impuesto afectaría la actividad económica del país. Este tributo le significó al fisco una recaudación de $80 millones durante 2015, el primer año de aplicación.

Precios de transferencia
Se estableció que las empresas debían tomar como base la metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para determinar sus precios de mercado. Esto busca evitar que una empresa con operaciones en varios países negocie entre sus distintas sucursales en diferentes países para reportar pérdidas en países con alta tributación, y traslade sus ganancias a otros con políticas fiscales más laxas.

Pago mínimo del 1 %
Se establecía un pago mínimo del
1 % sobre los activos netos como Impuesto Sobre la Renta. La sala ya lo había declarado inconstitucional.

Fuente: https://www.laprensagrafica.com

La economía crecerá 2.3 % este año: BM

El Salvador seguirá con la economía menos dinámica en la región centroamericana, según el organismo.
Desigualdades. El Salvador es el país con el menor crecimiento en Centroamérica, el mayor es Panamá.
Desigualdades. El Salvador es el país con el menor crecimiento en Centroamérica, el mayor es Panamá.

El Banco Mundial (BM) estimó que la economía salvadoreña crecerá 2.3 % este año; más que el 2 % que el organismo había vaticinado al inicio del presente año, según su más reciente informe de perspectivas, que fue publicado ayer. El comportamiento de la economía se mide por cuánto varía el Producto Interno Bruto (PIB) de un año a otro, es decir, si incrementa la producción de riqueza en un país, y qué tanto.

Para el BM, El Salvador crecerá 2.2 % en 2019 y mantendrá ese mismo ritmo en 2020. Así, la economía nacional sería más dinámica que el promedio de Latinoamérica y el Caribe de 1.7 % en 2018, pero más lenta en los años posteriores.

En comparación, las demás naciones centroamericanas mantienen un ritmo de crecimiento más alto. Guatemala y Honduras crecerán al 3.1 % y 3.5 %, respectivamente. Los PIB de Costa Rica y Nicaragua incrementarían en 3.4 % y 4.7 %. Mientras Panamá, a la delantera en toda la región, crecerá a un ritmo de 5.6%.

Desaceleración global

El Banco Mundial (BM) prevé una desaceleración del crecimiento global, al 3.1 % en 2018 y 3 % en 2019, ante los crecientes riesgos de tensiones financieras, la escalada del proteccionismo comercial y el aumento de los tipos de interés, según su informe semestral publicado ayer. “El comercio global se ha suavizado pero sigue siendo robusto, aunque con riesgos a la baja. La posibilidad de tensiones en el mercado financiero, la escalada de proteccionismo comercial y las reforzadas tensiones políticas continúan oscureciendo el panorama”, se apunta en el reporte.

El BM pronosticó que las economías avanzadas se expandirán un 2.2 % en 2018, y 2 % en 2019 (con EUA registrando un 2.7 % y 2.5 % y la zona euro, un 2.1 % y 1.7 %, a medida que los bancos centrales eliminen gradualmente los estímulos monetarios.

El informe recalcó que “el desenlace de algunas negociaciones comerciales sigue siendo incierto, y el riesgo de una escalada en las restricciones comerciales se ha intensificado, ya que los nuevos anuncios de aranceles de Estados Unidos han generado represalias de algunos de sus principales socios comerciales”.

Mientras, las economías emergentes lo harán más rápido, un 4.5 % y 4.7 %, respectivamente, por la maduración de la recuperación de los países exportadores de productos básicos, y los precios de dichos productos se estabilizarán tras el incremento de este año.

fuente https://www.laprensagrafica.com/economia/La-economia-crecera-2.3–este-ano-BM-20180605-0106.html