Categoría: Noticias El Salvador

Eliminan el impuesto a las transferencias bancarias

La Sala de lo Constitucional dio plazo hasta el 31 de diciembre de 2018 para cobrar 0.25 % a todos los cheques, débitos o transferencias electrónicas por un valor mayor a $1,000.

Eliminan el impuesto a las transferencias bancarias
Estaban excentos del impuesto los pagos con cheques o transferencias menores a $1,000; el pago de servicios de agua y luz; el retiro de cajeros electrónicos; y el pago y uso de tarjetas de crédito. Foto EDH / archivo

El impuesto de 0.25 % a todas las operaciones financieras mayores de mil dólares, dejó de aplicarse a partir de la madrugada del pasado martes.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo declaró inconstitucional desde mayo pero, para “evitar la posible situación de insolvencia en el presupuesto”, extendió su plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018.

El Decreto 764, denominado “Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras”, dictaba que pagaban un impuesto de 0.25 % aquellos que realizaran operaciones financieras por medio de cheque, débito o transferencia electrónica, por un valor mayor a $1,000. También estaban gravados los desembolsos de préstamos o financiamientos de cualquier naturaleza; y las operaciones realizadas entre las entidades del Sistema Financiero, “en base a cualquier tipo de instrucción de sus clientes o por su propio interés”.

Por ejemplo, si un salvadoreño compraba un televisor que costaba $1,500 y lo hacía con efectivo, cheque o tarjeta de débito, debía pagar $3.75 adicional. Si pagaba con tarjeta de crédito, no se le aplicaba el gravamen.

El impuesto del 0.25 % que se cobra por transacciones arriba de $1,000 desaparecerá desde el 1° de enero de 2019.

Para la Sala, la razón fundamental para la declaratoria de inconstitucionalidad fue que “no existió la posibilidad real de deliberación y discusión parlamentaria”.

Según los magistrados, la medida fue aprobada en la Asamblea Legislativa el 31 de julio de 2014 sin suficiente discusión y estudio, una condición principal que dicta el Art. 135 de la Constitución de la República.

La ley, que estuvo vigente desde el 1 de septiembre de 2014, justo un día después de su aprobación en la Asamblea, también gravaba una retención para el control de liquidez del 0.25% o su equivalente a 2.5 sobre el exceso de $5,000, en las operaciones de depósitos, pagos, retiros de efectivo, individual o acumuladas en el mes.

Según el documento, esta retención se aplicaba al exceso de un depósito individual en efectivo que superara los $5,000; o si el titular acumulaba esa cantidad en el mes.

Por otro lado, estaban excentos del impuesto los pagos con cheques o transferencias menores a $1,000; el pago de servicios de agua y luz; el retiro de cajeros electrónicos; el pago y uso de tarjetas de crédito; y las personas naturales tampoco tendrían que pagarlo por cualquier monto de sobre salario, remesas o pago de préstamos de cualquier tipo.

LA CIFRA

$80 MILLONES

Son los que el Ministerio de Hacienda aseguró que se recaudaban cada año con este impuesto.

Impacto en la recaudación

El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, aseguró una semana después de la resolución de la Sala, que dejar sin efecto el impuesto a las operaciones financieras tendría efectos en la recaudación. Al menos $80 millones anuales dejarían de llegar a las arcas del Estado.

El partido de gobierno propuso este impuesto argumentando la necesidad de recursos para áreas estratégicas como salud y educación. La medida fue criticada por el sector privado y las instituciones financieras reconocieron no estar preparadas.

Ya puedes consultar si contarás votos en elección presidencial

Ya puedes consultar si contarás votos en elección presidencial

Cortesía TSE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pone a disposición de la ciudadanía salvadoreña el sitio web para consulta de integrantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Lo único que debe hacer es ingresar al sitio web dispuesto por el Tribunal ( dele click a este link >> oet.tse.gob.sv) digitar su número de Documento Único de Indentidad (DUI) y dar clic al cheque que dice “No soy un robot”.

Si es parte de las Juntas le dará un mensaje diferente a “DUI no corresponde a algún organismo temporal” y dará instrucciones para ser parte de los que contarán votos en la elección presidencial.

Reforman Ley de Responsabilidad Fiscal y ajustan plazos para consolidación fiscal

Las propuestas de reforma responden a la necesidad de contar con nuevos y reales escenarios macroeconómicos actualizados y consistentes.


Fotografía: Roberto Ayala

Con el propósito de adecuar la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social a las necesidades del país, las diputadas y diputados en Pleno reformaron la normativa en mención y con estas se amplía el alcance de la estimación de la tasa de evasión de impuestos, se ajustan plazos para consolidación fiscal -a 5 años, actualmente son 3- y el porcentaje y tipo de gasto corriente para que este no crezca más que la economía, entre otros.

Las propuestas de reforma responden a la necesidad de contar con nuevos y reales escenarios macroeconómicos actualizados y consistentes; además, busca mejorar y adecuar la normativa para enfrentar los desafíos que conlleva la reciente modificación en el Sistema de Cuentas Nacionales adoptado por el Banco Central de Reserva. 

Además, se establece que a partir del año 2021, la carga tributaria bruta no deberá ser menor al 18.5% del Producto Interno Bruto (PIB) y después del período de consolidación fiscal, los gastos de consumo, entendidos por remuneraciones y bienes y servicios, no deben ser mayores al 14.0% del PIB; con ese objetivo estos no podrán subir más allá del crecimiento del PIB Nominal.

De esta manera el Presupuesto General del Estado se enmarcará en escenarios macroeconómicos y presupuestos indicativos a cuatro años -actualmente son cinco años-, y que se amplíe el período de consolidación fiscal para facilitar la implementación de medidas fiscales de ingresos y gastos.

La Ley de Responsabilidad Fiscal fue aprobada por el Legislativo en noviembre de 2016, como fruto del diálogo para garantizar la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo de las finanzas públicas, para contribuir a la estabilidad macroeconómica del país.

Fuente: https://www.asamblea.gob.sv

Ley de Espectáculos quiere imponer horario en TV de cable

Ley de Espectáculos quiere imponer horario en TV de cable

Según proyecto de ley, deberá tener franjas al igual que los canales de televisión abierta.

Ley de Espectáculos quiere imponer horario en TV de cable
Foto Por afra32 / Pixabay

El proyecto de Ley de Espectáculos Públicos que impulsa el Gobierno tiene la intención de regular el contenido de todos los medios de comunicación sin importar su naturaleza, incluso quiere regular los contenidos y horarios en los que se difunden los programas de televisión por cable o suscripción.

De acuerdo al anteproyecto de ley, presentado por el gobierno de Salvador Sánchez Cerén y apoyado por la fracción del FMLN, se pretende crear franjas horarias de contenido para la televisión abierta y aplicarlas a la televisión por suscripción o cable.

Cuando las reformas fueron presentadas a la Asamblea Legislativa, el diputado del FMLN, Damián Alegría, expresó que también tenían la intención de regular el contenido que se transmite en plataformas pagadas por suscriptores como Netflix, que si bien no es televisión por cable, es un servicio al que se accede por medio de Internet.

El artículo 46 del anteproyecto de Ley de Espectáculos Públicos señala que la televisión por cable también deberá asumir las franjas horarios de programas, de manera muy similar a los canales de televisión de señal abierta.

La legisladora defendió el anteproyecto de ley diciendo que no se trata de una ley mordaza.

“Los operadores de cable deberán implementar cualquier mecanismo, dispositivo o herramienta que permita que la señal transmitida en El Salvador coincida con las franjas horarias establecidas en esta ley”, establece el artículo 46.

Esto implicaría que las empresas deberán hacer inversiones para adquirir equipo que permita la segmentación de los programas, según su clasificación.

La propuesta de ley clasifica la programación de la televisión en: Clasificación A, para todo público; Clasificación B, para mayores de 12 años; Clasificación BB, para mayores de 12 años acompañado de un adulto; Clasificación C, para mayores de 15 años; Clasificación D, para mayores de 18 años, y Clasificación E, para mayores de 21 años.

Además, la iniciativa del gobierno establece las franjas de horarios de la siguiente manera: Infantil, Familiar, Juvenil y Adulto.

En el artículo 16 del ante proyecto se establecen los horarios en los que estarían divididos los bloques: Matutino, Vespertino y Nocturno.

Sobre las franjas y regulaciones, ya la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (Asder) se había pronunciado asegurando que ya es una práctica que se hace en los medios de comunicación, pero lo que objetan es el control que se pretende hacer antes y después de emitir un contenido.

Ana María Lara, directora de Asder y representante de la Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR), ya había planteado que la clasificación de los programas y las franjas de horarios es algo que ya se regula con mucha responsabilidad en los medios de comunicación.

En lo que Lara mostró su preocupación e hizo la denuncia tiene que ver con la forma en cómo se espera regular el contenido de los programas, ya que podría considerarse como una censura. Esto es algo que consideran como un retroceso en las libertades democráticas que tiene el país y los salvadoreños y una clara violación a la Constitución de la República.

 

Fuente: La Prensa Grafica

Argentina busca ampliar negocios con El Salvador

Más de 20 empresas argentinas participarán en “Argentina Exporta”, el próximo 19 de septiembre.

El embajador Marcos Bretón afirmó que participarán más de 40 empresas. / Diego García

Representantes de empresas argentinas expondrán sus productos y servicios durante el evento “Argentina Exporta”, organizado con el propósito de incentivar la relación comercial entre El Salvador y el país sudamericano.

La Embajada de la República de Argentina en El Salvador llevará a cabo esta rueda de negocios el próximo 19 de septiembre, en el Hotel Sheraton Presidente, con la participación de más de 20 compañías y distribuidores de grandes, pequeñas y medianas empresas argentinas.

El embajador de Argentina en El Salvador, Marcos Bretón, aseguró que el evento “es un primer paso para visibilizar los productos argentinos en El Salvador, que son más de 400”, entre alimentos, bebidas, medicamentos y vehículos. Los asistentes salvadoreños podrán tener espacios de networking, así como para adquisición de productos de estas industrias.

Hasta julio, según estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR), el intercambio comercial entre ambos países alcanzó $37.88 millones, de los cuales El Salvador ha importado más de $37 millones desde Argentina, mientras que las exportaciones han sumado $215,409, inclinando la balanza comercial a favor del país sudamericano.

Con este tipo de eventos, aseguró Bretón, se busca incrementar el flujo comercial entre ambas naciones. “Nosotros vemos a El Salvador como un lugar donde se puede aprovechar el posicionamiento estratégico y de logística en Centroamérica, que está en el medio del continente”, agregó.

Para el embajador, el contexto del comercio global ha llevado a que países en todo el mundo aumenten sus esfuerzos por diversificar sus exportaciones, y mercados destino.

Entre los productos salvadoreños que llegan a Argentina, afirmó, la mayoría son textiles. Hasta julio, El Salvador exportó $183,155 en artículos de esta industria, más del 85% de las exportaciones totales hacia este mercado. “Creo que Argentina es también un buen lugar para el café, el cacao, fomentar el turismo. Hay todo un mercado más gourmet del café en todo el mundo y en Sudamérica”, agregó Bretón.

Fuente: http://elmundo.sv

California y otros 15 estados aseguran que el retiro del TPS dañará la economía

La declaración de respaldo a los inmigrantes cuenta con el aval de los estados de: Maine, California, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Maryland, Massachusetts, Connecticut, Iowa, Delaware, Minesota, Nuevo México, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.

LOS ÁNGELES. Dieciséis estados más la ciudad de Washington aseguraron recientemente que la retirada del Estatus de Protección Temporal (TPS), que garantiza que miles de inmigrantes puedan permanecer en Estados Unidos de manera legal, tendrá efectos perjudiciales para la economía del país.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, emitió el pasado viernes 22 de junio un comunicado en el que detalló que ha liderado, junto a los fiscales de Massachusetts y del Distrito de Columbia, una declaración de “amicus curiae” de varios estados para defender el TPS que beneficia a miles de salvadoreños, hondureños, haitianos y nicaragüenses.

El “amicus curiae” (amigo de la Corte) es una figura legal por la que un tercero ajeno a un litigio expresa voluntariamente su apoyo a una de las partes, a fin de colaborar con el tribunal para la resolución del proceso judicial.

Decisión racista

En este caso concreto, el “amicus curiae” respalda la denuncia entablada por el grupo Centro Presente, con sede en Boston, que fue presentada en febrero y que alega que la decisión del Gobierno de EE. UU. de poner fin al TPS, que protegía a los nacionales de varios países, tuvo motivación racista.

“Muchos titulares de TPS son nuestros vecinos y compañeros que contribuyen a Estados Unidos y nuestra economía cada día. Nuestra nación sería más pobre sin ellos”, señaló Becerra.

El fiscal general de California aseguró que los estudios demuestran que la permanencia de estos inmigrantes en Estados Unidos es “no solo beneficiosa para estos individuos sino también para las comunidades en las que trabajan, estudian y viven”.

“Estamos preparados para desafiar cualquier acción que socave el progreso y bienestar económico de nuestro estado”, afirmó Becerra.

California estima que su producto interior bruto perdería 2,700 millones de dólares anuales si los beneficiarios de TPS de El Salvador, Honduras y Haití tuvieran que abandonar este estado.

Esta declaración de respaldo a los inmigrantes con TPS cuenta con el aval de los estados de California, Massachusetts, Connecticut, Delaware, Iowa, Maine, Maryland, Minesota, Nueva Jersey, Nuevo México, New York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington, así como del Distrito de Columbia.

La cancelación del programa TPS para los inmigrantes de varios países afecta, por ejemplo, a unos 195,000 salvadoreños, 55,000 hondureños, 50,000 haitianos y 5,000 nicaragüenses, a los que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, ha dado entre 12 y 18 meses para que salgan de EE. UU. o preparen alguna forma para cambiar su estatus migratorio.

Fuente: https://www.elsalvador.com

Declaran inconstitucional el impuesto al cheque y las transacciones financieras

La Sala de lo Constitucional dijo que los decretos que dieron vida al impuesto a las operaciones financieras y otras reformas tributarias se aprobaron sin respetar el debido proceso.
Declaran inconstitucional el impuesto al cheque y las transacciones financieras

El impuesto del 0.25 % que actualmente se aplica a las operaciones financieras –desde transferencias entre cuentas hasta pago de cheques– superiores a los $1,000 deberá dejar de cobrarse a partir del 1.º de enero de 2019. Así lo ha ordenado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Este impuesto, que deja unos $70 millones anuales al erario público, fue aprobado en una plenaria que inició el 30 de julio de 2014 por la noche, y terminó al día siguiente en la madrugada, el 31 de julio de 2014. En este mismo “madrugón” se avaló un ya suspendido pago mínimo del 1 % sobre activos como Impuesto Sobre la Renta (ISR), y la adopción de los denominados precios de transferencia, entre otras reformas tributarias.

La sala dio por válidos los reclamos de Víctor Ernesto Rodríguez Díaz, quien presentó una demanda en contra de los decretos legislativos 762,763 y 764, aprobados por dispensa de trámite en dicha plenaria, porque considera que viola el artículo 135 de la Constitución, que establece el principio de deliberación: aseguró que estos decretos se introdujeron en la agenda con dispensa de trámite, sin haber sido antes discutidos en las comisiones correspondientes, y sin tiempo suficiente para que los diputados los leyeran, mucho menos para que los analizaran.

Del demandante señaló que el FMLN, que introdujo y presionó por la aprobación de estas reformas, se valió de que la aritmética legislativa le era favorable. Las aprobaciones se dieron con la votación mínima requerida, 43 votos, de 84 posibles.

La sala, por tanto, ha emitido una sentencia con fecha del 28 de mayo de este año, en la que declara inconstitucionales dichos decretos, por vicios de forma. “No existió la posibilidad real de deliberación y discusión parlamentaria”, afirma la sentencia.

Sin embargo, la sala no ordenó la suspensión inmediata del cobro de estos impuestos, para evitar que haya problemas de insolvencia con el presupuesto en ejecución, y que esto a su vez pueda afectar programas sociales. La eliminación de estos se difiere hasta el 31 de diciembre de este año.

Opciones

Esta orden le deja al Ejecutivo dos opciones: tendrá que elaborar un proyecto de presupuesto para 2018 que ya no debería incluir los ingresos por este impuesto, que hasta hoy han oscilado entre los $70 y $80 millones anuales, o busca corregir los vicios de forma en la aprobación de esta ley.

“El fallo de inconstitucionalidad fue por cuestiones de forma, la Sala de lo Constitucional da tiempo hasta enero para que se corrijan las inconstitucionalidades, es decir, para que aprueben la ley en forma correcta, sin madrugones”, dijo Mauricio Choussy, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) y director para Centroamérica de la firma calificadora de riesgos Fitch Ratings.

“Dudo que con la actual correlación en la Asamblea Legislativa los diputados estén dispuestos a aprobar una ley tan mal hecha, que incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) la considera distorsionante”, agregó.

La banca que opera en El Salvador ya había reportado una baja en sus utilidades, que adjudicaron principalmente a la aplicación de este tributo, que se llegó a conocer popularmente como “impuesto al cheque” (ver nota aparte).

La Bolsa de Valores de El Salvador incluso logró que la Asamblea aprobara una reforma que exime a las operaciones bursátiles del pago de este impuesto, pues había desincentivado la inversión.

El sector bancario ha insistido en que el país perdía competitividad al gravar las operaciones financieras, y que esto le quitaba peso a otras ventajas como el ser una economía dolarizada.

Carlos Pérez, analista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), coincide en que el impuesto tenía efectos nocivos sobre la economía. “Realmente se esperaba que este fuera el resultado (el fallo de inconstitucionalidad), porque desde el primer momento cuestionamos la celeridad de la aprobación, sanción y publicación de la ley”, afirmó.

Explicó que la decisión de la sala debe celebrarse, porque el impuesto a las operaciones financieras distorsiona la actividad económica a través de un aumento en los costos de transacción.

Cada vez que $1,000 se movían en pagos en cheque, tarjeta de débito o transferencias entre cuentas, se les aplicaba el 0.25 % de impuesto, equivalentes a $2.50 por cada $1,000. Pero cuando este dinero se movía nuevamente, volvía a ser gravado, y así sucesivamente. “En la práctica, el impuesto de 0.25 % genera una cascada que puede llevar a una carga de hasta 1 % o más a los agentes económicos. Si por ejemplo una empresa desea trasladar fondos de un banco a otro, se tiene que pagar el tributo en el retiro del banco A y en el depósito en el banco B. Si esto se repite, una misma cantidad puede pagar mucho en concepto de impuesto”, reiteró.

Los impuestos suspendidos

El 31 de julio de 2014 en la madrugada se aprobó un paquete de reformas tributarias.

Impuesto a las operaciones financieras
Se grava con un 0.25 % todo movimiento con cheque, tarjeta de débito o transferencia entre cuentas que sea superior a $1,000. En concreto, por cada $1,000 movidos se paga $2.50. En su momento, entidades como FUSADES, FUNDE y la Asociación Bancaria Salvadoreña aseguraron que el impuesto afectaría la actividad económica del país. Este tributo le significó al fisco una recaudación de $80 millones durante 2015, el primer año de aplicación.

Precios de transferencia
Se estableció que las empresas debían tomar como base la metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para determinar sus precios de mercado. Esto busca evitar que una empresa con operaciones en varios países negocie entre sus distintas sucursales en diferentes países para reportar pérdidas en países con alta tributación, y traslade sus ganancias a otros con políticas fiscales más laxas.

Pago mínimo del 1 %
Se establecía un pago mínimo del
1 % sobre los activos netos como Impuesto Sobre la Renta. La sala ya lo había declarado inconstitucional.

Fuente: https://www.laprensagrafica.com